ADEPA

OPINIÓN PÚBLICA, MEDIOS DE DIFUSIÓN Y DEMOCRACIA



Por Raúl R. Alfonsín ante ADEPA, 27 de octubre de 2005



Jürgen Habermas expresa que el término “opinión” tiene dos sentidos: el primero es esencialmente epistemológico y proviene de su uso para distinguir una cuestión de juicio de un asunto de hecho, o algo incierto de algo que se sabe cierto, ya sea por demostración, ya sea por la convicción de la fe. Esta noción -tomada de la expresión latina “opinio”, tal vez el sentido primitivo del término- se refleja aún hoy en su uso general, cuando alguien se refiere a una aserción particular como a “una cuestión de opinión” más que a un hecho... Opinión, usado en esta forma epistemológica, se relaciona esencialmente con un estado cognoscitivo, una forma menor de conocimiento”.

Un segundo sentido, la considera “equivalente a maneras, moral, costumbres”. Aquí se pone de relieve el papel de la opinión como elemento de presión y control social. Opinión es igual a reputación, a consideración, a la vista de los demás. Este segundo sentido tiene importancia porque de alguna manera restringe la conducta humana. En esta acepción la opinión suele ser perjudicial y no racional, incluso “relacionada con el sentimiento como opuesto a la razón”.

Su primera formulación se produce en la escuela fisiocrática. Fue Mercier de la Rivière quien aludió a ella ya en el año 1767 para defender al absolutismo.

Recuerda Hermann Heller que hasta los mismos anarquistas aceptan la autoridad de la opinión pública que no esté falseada por antagonismo de clases. Cita a Bakunin para quien es “la única autoridad grande y poderosa, a la vez natural y racional, la única que nosotros podremos respetar, la del espíritu colectivo y publico de una sociedad fundada en la igualdad, la solidaridad, la libertad y el recíproco respeto de todos sus miembros”.

También afirma que el liberalismo angloamericano pretende limitar la autoridad del Estado por la autoridad de la opinión pública. Cita a James Bryce cuando sostiene que la opinión pública “es la forma más avanzada del gobierno del pueblo”.

Hegel atribuyó a la opinión pública una “gran fuerza” y la ubicó no en la esfera de la sociedad sino en la del Estado. Sostuvo que debe ser a la vez estimada y despreciada y llegó a sostener que el emanciparse de ella era “la primera condición formal para algo grande y racional”.

Adviértase la importancia que desde antiguo se daba a la opinión pública, que Locke distinguía tres tipos de leyes: la ley divina, la civil y la ley de la opinión pública o la reputación. Afirmaba que “nadie que atente contra la moda y la opinión de las compañías que frecuenta, y a las que se encomendaría, se libra del castigo de la censura y el desagrado de éstas.

Pero es a Jacques Necker a quien se debe la popularización de la frase “opinión pública”. Este ministro francés de finanzas utilizaba la expresión para referirse a una creciente dependencia del status financiero del gobierno con respecto a la opinión de sus acreedores. Necker reconocía que era necesario el apoyo de la élite francesa para el éxito de la política del gobierno. Con este fin abogaba por la publicidad total de las actividades estatales. Señala Necker terminantemente “sólo los locos, los teóricos puros o los aprendices dejan de tener en cuenta a la opinión pública”.

Augusto Comte resaltaba en 1823 el particularismo de la opinión frente al carácter universal de la ciencia, el condicionamiento de las opiniones por el papel y la función social desempeñada y el riesgo de que se extendiera la crítica hasta hacer cuestionables toda la realidad social, llegando a negar toda posible doctrina general, imprescindible tanto en el orden del conocimiento como en el de la acción.

Habermas propone una reflexión de contraste, dialéctica, entre lo que es y lo que debería ser la opinión pública: “el ser de la opinión pública -a pesar de lo que pretendan algunos defensores del status quo político- pasa por una opinión receptiva y acrítica de los mensajes que a ella se dirigen; por el contrario el deber ser “de la opinión pública debe situarse en torno a una concepción crítica, no sólo receptora, sino ante todo emisora del sentir real de la sociedad, elemento de articulación de las demandas sociales frente al poder. Sólo así podríamos hablar de una verdadera opinión pública.

Elisabeth Noelle-Neumann propone una “definición operativa” de la opinión pública: “opiniones sobre asuntos controvertidos que se pueden expresar en público sin quedar aislado”.

Otro tema importante es lo que puede llamarse el dominio de las élites que procura la domesticación de las creencias. Aquí podríamos remontarnos hasta Gramsci y su criterio de que los sectores dominantes procurarán, en todos los casos, generar una cultura en los sectores dominados acorde con su conveniencia.

Suele vincularse la opinión pública de manera casi exclusiva a determi­nadas modas que influyen decididamente en la marcha de la sociedad. Cuando esto sucede, aunque sea el principal motor de su dinamismo, es también su “rueda loca”, irracional y contradictoria, a veces pragmática y otras ideologista.

Es importante comprender que la opinión pública no se forma por la suma de las opiniones individuales. Es amorfa. No se concreta. A veces genera participación, pero no tiene por sí misma las calidades del consenso.

De todos modos, el Estado Legítimo se somete periódicamente a la prueba de su convalidación a través del pronunciamiento popular que se expresará influido en parte por la opinión pública prevaleciente en el preciso momento de la consulta. Así queda planteado el problema de la democracia de hoy en la sociedad mediática y de las grandes concentraciones económicas.

De ahí que la tarea más importante del político sea la de decir su verdad y difundirla, comprendiendo que su labor docente es inexcusable para que la información correcta prevalezca sobre el abarrotamiento de la información secundaria que mantiene a la sociedad al margen de las decisiones importantes.

La opinión pública libre requiere la competencia de los medios de comunicación y diversas garantías a los partidos políticos para el ejercicio de su derecho de difundir sus opiniones, criticas y propuestas.

Solamente por medio de la información, el ciudadano puede encontrarse en condiciones de participar y consiguientemente sentirse y ser no sólo espectador o testigo de lo que acontece, sino además prepararse para actuar. Cuando se tergiversa la realidad, se ocultan los hechos o se silencia el mensaje, se engaña al protagonista de la democracia, que es el hombre, y se la debilita seriamente porque se afecta la conexión entre la decisión que toma y la verdad de lo que sucede.

Ya expresamos que si el tema de la prensa es tratado desde el punto de vista de un demócrata, queda claro que no es menester insistir en la necesidad de la libertad, ni reiterar conceptos de la Declaración de los Derechos del Hombre.

Nos inscribimos decididamente entre los que adhieren a las palabras de Jefferson: “Entre un gobierno sin prensa libre y una prensa libre sin gobierno, me inclinaría por esta última alternativa”.

La importancia de la opinión pública radica en el hecho de que influye decididamente en la marcha de la sociedad. Es el principal motor de su dinamismo, pero puede ser también su “rueda loca”, irracional y contradictoria, pragmática hasta la amoralidad, o ideologista vehemente y sectaria. Suele ser el producto del “imaginario colectivo” y las más de las veces el resultado de los titulares de primera página y de los seudo-informadores públicos.

En todos los casos consulta inconsistentemente determinados intereses particulares, aunque más no sea el de sentirse parte de la mayoría.

Como se ha sostenido, con la democracia se abandona el consenso predeterminado por la tradición y se hace necesario buscar uno distinto que debe ser construido en el debate pluralista, como única alternativa para la legitimación del poder a partir de la discusión entre las distintas opiniones políticas y posiciones ideológicas.

Siempre hay que recordar que el correlato insustituible de la libertad de prensa es el igualmente importante derecho del pueblo a una correcta información. Dicho de otro modo, el fundamento de la libertad de prensa es doble: debe garantizar la libertad de expresión y resguardar el derecho a la información. Decir la verdad y toda la verdad, es el certificado de honestidad de los medios de difusión.

Sin información, se banaliza la discusión política y se condena a la sociedad a la despolitización, al retraimiento de lo público; en definitiva, a no permitir el entendimiento y el discernimiento. Así es imposible pensar en una participación racional.

Un problema que nos preocupa especialmente, y que ha sido muy bien considerado por Robert Dahl en “La Democracia y sus Críticos”, es que la democracia se ve naturalmente afectada por las diferencias en la posesión del conocimiento. De aquí surge una preocupación especial: no escapa al proceso general de globalización el de los medios de información, cuyo real pluralismo es una condición tanto de la república como de la democracia, necesitadas de fuentes alternativas de comunicación. El propio contrato social que expresa la presencia de una Nación y su cuerpo político, podrían deteriorarse si una parte considerable de los medios de comunicación de un país se encuentra en manos de empresas extranjeras.

Al tratar la libertad de prensa, es necesario hablar de la necesidad de la elección de los medios de información, a la que, junto a Dahl, consideramos indispensable en la concepción de una república democrática moderna.

Es cierto que la publicidad privilegia el discurso de las empresas y no favorece a los ciudadanos, a la par que reduce la exhibición de programas para minorías o de temas de enorme importancia política que, se considera, no resultan de interés del gran público. Pero también es cierto que el Estado puede pretender “disciplinar” a los medios a través de su propia publicidad.

¿Cómo actuar, entonces, si queremos evitar el control estatal desviado y las consecuencias de la arbitrariedad de un mercado deformado y de dudosa transparencia? John Keane sostiene con razón que hay que empezar por “defender el papel de los medios de comunicación como un bien público” y determinar su papel e importancia. Recuerda que durante cierto tiempo lo que se llamó en Alemania la práctica de la “provisión básica” contribuyó a disminuir el problema. El Tribunal Constitucional Federal logró, merced a ello, la aplicación de normas que se refieren a la cantidad de publicidad, al acceso a la información y el debate político y al tratamiento equilibrado de las noticias.

La situación reclama la amplia aparición de medios no estatales –sostiene Keane- “que funcionen como aguijones permanentes del poder político (contribuyendo así a reducir al mínimo la censura política) y que sirvan como medios primarios de comunicación de los ciudadanos que se encuentran en una sociedad civil pluralista”.

En cuanto a los medios estatales, sería bueno pensar en modelos como el de la BBC, financiada con los derechos de licencia, que no es del sector estatal y tampoco está vinculada al mercado, que podría servir de ejemplo, si se promoviera su democratización interna, con criterios parecidos a los establecidos en Alemania, donde los partidos políticos y “grupos socialmente relevantes” influyen en la programación, la estructura y el presupuesto del organismo.

En concordancia con las ideas clásicas, el tribunal constitucional de Alemania Federal considera que el bien protegido por la libertad de prensa no es la libertad individual solamente, sino la “imprescindibilidad” de la prensa libre para la democracia: “Los argumentos cuando se habla y se contesta, adquieren contornos nítidos y facilitan al ciudadano la formación del juicio y la decisión. En la democracia representativa, la prensa es el órgano de control y de conexión entre el pueblo y sus representantes en el Parlamento y en el gobierno...”.

El tribunal constitucional alemán considera, por tanto, que son compatibles con el derecho fundamental las medidas que sirven para “apartar los peligros que pueden surgir para la prensa de la formación de monopolios de opinión”. Incluso da un paso más al declarar que se podría pensar, en este aspecto, “en una obligación del Estado”.

Cuando hoy se habla del “derecho del público a saber” y de “la responsabilidad pública de la prensa”, se expresa un cambio significativo en la teoría libertaria tradicional, que no establecía que el editor asumiera responsabilidades morales. Se abrió camino lo que se llamó la “teoría de la responsabilidad social de la prensa”: la libertad implica obligaciones correlativas y la prensa está obligada a ser responsable frente a la sociedad, a causa de que lleva a cabo ciertas funciones esenciales de comunicación de masas en la sociedad contemporánea.

Se llegó así a atribuir seis tareas a la prensa: servir a la democracia brindando información, discusión y debate sobre los asuntos públicos; ilustrar al público para capacitarlo en el auto-gobierno; proteger los derechos del individuo actuando como “perro guardián contra el gobierno”; servir al sistema económico, acercando principalmente a los compradores y vendedores de bienes y servicios mediante los avisos de publicidad; brindar entretenimiento; y mantener su propia auto-suficiencia financiera para librarse de las presiones de los intereses especiales.

El sociólogo francés Henry Berenguer señaló: “Nuestros legisladores han previsto la libertad de la prensa respecto del juez y del gendarme, pero no han previsto la esclavitud de la prensa respecto del plutócrata y del acaparador de negocios”.

En este sentido, es de hacer notar que la reforma constitucional de 1994 ha dado un paso importante en defensa de la libertad de prensa en nuestro país al establecer en el artículo 43, que “no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística”.

Por otra parte, como sostiene Jorge Calvo, “la presencia de gobiernos paternalistas o seudodemocráticos, ejerce una acción intimidatoria y paralizante, lo que termina por reflejarse, generalmente, en la existencia de un periodismo híbrido, uniformado y monótono, a consecuencia del tratamiento de una información no comprometida y, por tanto, ausente de interés”.

Calvo cita a Gerald: “El trabajo de las instituciones de difusión popular es muy difícil de amonestar. El gobierno sólo pueda tratar los abusos graves; en el resto, no puede interferir, en acatamiento de la posición central que ocupa la prensa en una comunidad democrática. Entonces -prosigue- la prensa tiene que controlarse a sí misma o negar cualquier responsabilidad sobre normas sociales o lealtad a ellas”.

El Premio Nobel de la Paz Sean Mc Bride, en su carácter de Presidente de la “Comisión Internacional de Estudio sobre los Problemas de Comunicación”, creada por la UNESCO, señaló que “La comunicación está estrechamente ligada con las estructuras de poder. Una comunicación unilateral o incluso bilateral, refleja y respalda las estructuras autocráticas y paternalistas. La circulación multilateral de la información es un instrumento indispensable de la democratización y de una mayor participación de las masas en la formulación de las relaciones internacionales”.

La libertad de expresión es uno de los derechos humanos fundamentales, cuya protección jurídica implica que no se sufrirá ningún mal o perjuicio ante la declaración de cualquier opinión, con la única excepción de que la misma importe un daño a terceros.

Debe destacarse la relación existente entre libertad de expresión y democracia, puesto que hace a su naturaleza que las decisiones colectivas se tomen en el marco de un amplio debate y discusión públicos, lo que nos lleva a una concepción más amplia de la libertad de expresión, que muestra dos dimensiones: una negativa y otra positiva.

En función de la primera debe prohibirse toda acción que la menoscabe, como por ejemplo la censura, la clausura de medios, la persecución de periodistas, o presiones de cualquier tipo. La segunda, importa una acción positiva del Estado tendiente a procurar la mayor pluralidad posible en materia de información.

El derecho a la información comprende el de investigar, recibir y difundir información y opiniones a través de las distintas clases de medios. Su correlato es la obligación de difundir información veraz y objetiva, sin perjuicio del respeto a la libertad de opinión del emisor.

Sostenía Tomás y Valiente, el gran jurista español asesinado por ETA, que si bien la prensa es un contrapoder, por lo mismo, es también poder y en consecuencia alguien debe actuar como su contrapoder y su freno. “Contra todo poder, límites”, pero “Antes que precisar los límites hay que proclamar su existencia, la necesidad de su existencia, la legitimidad democrática y ética de su existencia. Hay que predicar la conciencia de límites e inculcarla en la mente de quienes lícitamente trabajan haciendo de su profesión ejercicio de aquella libertad.

Fitoussi y Rosanvallon, sostienen que los medios de comunicación pueden cumplir una función esencial en lo que llaman la “legibilidad” de lo social. Los medios tienden a convertirse “en una especie de alternativa de los déficit políticos. Más allá de sus patologías el problema no es acusarlos de superficialidad, sino tener en cuenta que las mismas son el producto de las insuficiencias democráticas. Lo que hay que criticar es la peligrosa utopía de que pueden llegar a convertirse en los verdaderos representantes del pueblo”.

La sola aptitud profesional no garantiza la corrección del mensaje, si no está asociada a principios éticos hondamente arraigados.

Liberado de la acción intimidatoria con fines represivos, el periodismo se desenvuelve en plenitud, sometido exclusivamente a la ética profesional, vinculada a lo que José Ingenieros llamó una moral sin dogmas, la que se ejercita por imperativo de conciencia y no por temor a las disposiciones del Código Penal.